¿Qué está pasando en la enfermería psiquiátrica de la jefatura de policía?

El Interventor general de los lugares de privación de libertad (CGLPL) publicó en el Diario Oficial recomendaciones de emergencia que señalan graves problemas en la enfermería psiquiátrica de la jefatura de policía de París (I3P). La autoridad independiente menciona “importantes disfunciones” observadas durante una visita a principios de marzo, considerando que socavan “la dignidad de los pacientes”.
Según la CGLPL, el estatuto especial de esta estructura, adscrita al Ministerio del Interior y no al de Sanidad, la sitúa fuera de los controles habituales. “Ninguna autoridad sanitaria o jurisdiccional ejerce un control regular sobre su funcionamiento”, subraya el informe, recordando una crítica ya formulada en 2009. La jefatura de policía destaca, por su parte, un acuerdo con la AP-HP y la existencia de un comité encargado de garantizar el cumplimiento de las normas médicas y éticas.
Privación arbitraria de libertad
El interventor también advierte sobre las condiciones de tratamiento de los pacientes internados sin consentimiento, afirmando que “están privados arbitrariamente de su libertad”. Señala, en particular, la falta de notificación de los certificados médicos y de las vías de recurso, considerando que “el acceso a un recurso efectivo se ve así completamente obstaculizado”, mientras que “no es posible el acceso a un abogado de oficio”. La prefectura cuestiona estos elementos y asegura que los pacientes son informados de sus derechos “a su llegada” y pueden recibir la visita de un abogado.
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Finalmente, las condiciones materiales y las prácticas se consideran preocupantes: “las condiciones de acogida y alojamiento son indignas”, con privaciones y presencia policial durante la atención “lo que atenta gravemente contra el secreto médico”.
La CGLPL denuncia también medidas de aislamiento “sistemáticas” y de contención ilegal, asimiladas a “técnicas de restricción de movimientos utilizadas para los animales”. La prefectura refuta estas acusaciones y afirma que los supervisores “permanecen en un segundo plano” para garantizar la seguridad, al tiempo que anuncia un nuevo control en junio de 2026.

