Cinco países de la UE piden gravar los beneficios extraordinarios de los grupos energéticos

La situación no ha pasado desapercibida para nadie: los precios del combustible se están disparando. España y otros cuatro países de la Unión Europea han pedido el establecimiento de un impuesto sobre los beneficios excepcionales de las empresas energéticas, en respuesta a este aumento de los precios de los combustibles vinculado a la guerra en Oriente Medio, afirmó este sábado el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo.
Esta petición se hizo en una carta dirigida al comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra, firmada por Carlos Cuerpo y por los ministros de Finanzas de Austria, Alemania, Italia y Portugal, afirmó en un mensaje publicado en X. Según él, tal medida “reduciría la carga para los consumidores y los contribuyentes”.
En su carta, fechada el viernes, los ministros consideraron que este impuesto “enviaría también un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga de la población en general”, según una copia publicada por el ministro español.
Un impuesto similar implementado al inicio del conflicto en Ucrania
Los precios del petróleo y el gas se han disparado desde el inicio de los ataques estadounidenses-israelíes contra Irán el 28 de febrero, que llevaron a Irán a bloquear prácticamente el estratégicamente importante Estrecho de Ormuz y dañaron la infraestructura energética del Golfo. Aunque la UE obtiene su petróleo y gas principalmente de fuera del Golfo, el aumento de los precios mundiales sigue afectando a las empresas y los hogares.
Los ministros recordaron que en 2022 se había establecido un impuesto de emergencia similar para hacer frente al aumento vertiginoso de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania. “Dadas las actuales distorsiones del mercado y las restricciones presupuestarias, la Comisión Europea debería desarrollar rápidamente un instrumento de contribución similar para toda la UE, basado en una base jurídica sólida”, escribieron. La carta no especifica el nivel del impuesto previsto ni las empresas a las que afectaría.


