El Supremo Tribunal Federal (STF) inició recientemente la votación que definirá si se mantienen las decisiones que suspendieron el pago de penduricalhos en los Tres Poderes, prestaciones que se conceden a los servidores públicos y que, sumadas al salario, no alcanzan el tope salarial constitucional de R$ 46.300.
El Tribunal evalúa las decisiones individuales de los ministros Flávio Dino y Gilmar Mendes, que suspendieron los pagos.
Además de definir si los pagos seguirán suspendidos, los ministros también decidirán si se estipularán normas de transición.
El 5 de febrero, Dino ordenó la suspensión de los penduricalhos, que no están previstos por la ley. La decisión deberá ser aplicada por los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, a nivel federal, estatal y municipal, los cuales tendrán un plazo de 60 días para revisar y suspender el pago de estos montos de indemnizaciones que no respeten el tope.
Luego, Gilmar Mendes también suspendió los pagos a jueces y miembros del Ministerio Público.
Se estima que el Poder Judicial y el Ministerio Público pagan alrededor de R$ 17 mil millones por encima del techo constitucional.
