Los alguna vez brillantes ríos de San Juan se han secado debido a la sequía y los residentes de la accidentada provincia occidental temen que los posibles proyectos mineros en los Andes empeoren las cosas.
Según un dicho popular, las provincias andinas son tan áridas que los peces levantan nubes de polvo mientras nadan por sus ríos.
La provincia de San Juan no es diferente.
La región, formada por montañas rodeadas por una estepa desértica, recibe poco más de 100 milímetros de precipitaciones anuales, lo que la cataloga como desierto.
A pesar de que la tierra cultivable representa sólo el tres por ciento del territorio, es uno de los principales productores de aceite de oliva, uvas, tomates y pistachos de Argentina.
Pero la escasez de agua significa que sólo alrededor de un tercio de esa superficie puede ser cultivada.
“La situación es delicada”, dijo Nicolás Yanzón desde su finca de semillas de uva, alfalfa y cebolla en la localidad de Media Agua, ubicada a 70 kilómetros de la capital provincial.
Al igual que sus compañeros productores, el racionamiento del agua impide a Yanzón utilizar más de un tercio de su tierra.
Las nevadas y más de 4.000 glaciares alimentan los dos ríos principales de San Juan, que proporcionan la mayor parte del agua de riego de la provincia.
Sin embargo, ambas vías fluviales se han reducido significativamente y sus caudales se encuentran en mínimos históricos.
“Estamos en un escenario de escasez permanente”, afirmó el ministro de Producción de la provincia de San Juan, Gustavo Fernández.
‘Caos’
“Desde un punto de vista ambientalista, esto es un caos”, dijo Silvio Pastore, profesor de geología de la Universidad Nacional de San Juan.
Mientras tanto, un nuevo comercio está en auge: la minería.
Aunque los residentes locales tienen esperanzas sobre las futuras perspectivas laborales, también expresaron su preocupación por el uso y tratamiento de los escasos recursos hídricos de la zona.
Las empresas mineras podrían consumir los escasos flujos de agua, mientras que no llegará nada para reponer las reservas de las represas, que están a su capacidad mínima.
En el año 2000, las Naciones Unidas hicieron proyecciones para el río San Juan –la principal vía fluvial de la provincia– bajo diferentes escenarios de aumento de temperaturas.
Desde entonces, el peor de esos modelos “ha sido superado por la realidad”, argumenta Pastore, destacando que el caudal del río ha caído a casi la mitad de su media histórica.
Menos nevadas provocaron la disminución, dijo el experto en clima, mientras que las altas temperaturas han transformado la nieve sólida en forma gaseosa.
Mientras tanto, los glaciares del noroeste de Argentina se han reducido en un 17 por ciento en la última década, según los glaciólogos.
Politización
A diferencia de las imponentes paredes blancas de la Patagonia, los glaciares de San Juan son formaciones heladas cubiertas por sedimentos, rocas o escombros, y casi se funden con la propia montaña.
Los expertos debaten el alcance de su papel en el suministro de agua.
Pastore cree que las formaciones heladas “no aportan más del 20 por ciento” del caudal de agua, incluso durante las sequías más severas.
Pero el glaciólogo Juan Pablo Milana dice que su contribución requiere más estudios.
“El glaciar, cuando no hay nieve, te da entre dos y tres veces más agua”, dijo.
De cualquier manera, los glaciares entraron en el debate político este año cuando el presidente argentino Javier Milei enmendó una ley que protege las formaciones heladas.
Los ambientalistas impugnaron legalmente la nueva regulación, que autoriza a los gobiernos provinciales a redefinir las áreas protegidas como una forma de expandir la actividad minera.
Los proyectos de extracción de minerales en busca de cobre, litio y más han proliferado en los Andes argentinos.
Estos minerales son clave para la transición energética, pero, paradójicamente, el agua utilizada y los glaciares destruidos en el proceso podrían empeorar los efectos del cambio climático para muchas comunidades locales.
‘Ecocidio’
La minería requiere mucha menos agua que la agricultura, pero cada gota cuenta cuando los recursos son tan escasos.
El abogado y activista Raúl Orduña fue mordazmente crítico con la política ambiental del gobierno.
“Nuestro sistema de agua está en cuidados intensivos y hay políticos que no escuchan”, dijo a la en su patio trasero de la localidad de Barreal. “¿Haría que una persona que está en cuidados intensivos donara sangre?”
Orduña denunció dar agua -un “recurso que no existe” en San Juan- a organizaciones transnacionales en lugar de reservarla para usos vitales.
“Eso se llama ecocidio”, dijo.
Según Fernández, “alrededor del 40 por ciento del agua utilizada en la agricultura se podría ahorrar” mediante inversión pública en infraestructuras y métodos de riego más eficientes.
Tanto las empresas involucradas como el gobierno local afirman que los nuevos proyectos mineros se llevarán a cabo bajo estrictos estándares ambientales.
Pero los incidentes anteriores han infundido desconfianza. Tres derrames tóxicos de una mina de Barrick Gold entre 2015 y 2017 contaminaron ríos provinciales en diversos grados.
“El mayor peligro de la minería es la falta de control”, afirma Milana, para quien “el Estado hoy está totalmente en manos de las megamineras y alineado con ellas”.
Yanzón, mirando el agua que ha recorrido un largo camino para llegar a su viñedo, dice que no se opone a la minería. Pero no cree que esto deba tener un coste.
“Si se trata de desarrollo, tiene que ser sostenible”, afirmó. “Porque si no lo es, entonces no es desarrollo”.
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por Tomás Viola,
