El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendió este sábado (9) la aplicación de la Ley de Dosimetría en solicitudes relacionadas con los actos golpistas del 8 de enero de 2023.
El ministro, quien fue elegido para ser el relator de acciones que cuestionan la validez de la Ley de Dosimetría, decidió que la suspensión estará vigente hasta que la Corte juzgue las acciones contrarias a la legislación.
Moraes estableció el entendimiento al analizar el caso de Nara Faustino de Menezes, condenado por participar en los hechos del 8 de enero y que pretendía la aplicación de la Ley 15.402/2026 promulgada ayer (8), después de que el Congreso anulara el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La legislación validada por los congresistas establece la reducción de penas para los condenados el 8 de enero.
Moraes argumentó que no podía empezar a juzgar solicitudes de reducción de penas con base en la nueva ley, ya que hay acciones en trámite en el STF que cuestionan la validez del texto.
La pena menor para los condenados es cuestionada por dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADI): 7966 y 7967, presentadas el viernes (8) por la Asociación Brasileña de la Prensa (ABI) y la federación de partidos PSOL-Rede.
“La interposición sobreviniente de una acción directa de inconstitucionalidad y, en consecuencia, el juicio pendiente en control concentrado de constitucionalidad, constituye un hecho procesal nuevo y relevante, que podría influir en la valoración de las solicitudes formuladas por la Defensa, recomendando la suspensión de la aplicación de la ley, por seguridad jurídica, hasta tanto la controversia sea definida por la CORTE SUPREMA FEDERAL”, escribió.
El ministro también determinó que la ejecución penal debe continuar en plenitud, manteniendo todas las medidas previamente determinadas.
El viernes, Moraes otorgó un plazo de cinco días para que la Presidencia de la República y el Congreso Nacional se pronuncien sobre la Ley de Dosimetría.
