Renault mantiene su defensa tras su remisión a la justicia penal

Renault reaccionó el lunes a su remisión a la justicia penal en el contexto del asunto Dieselgate. El fabricante de automóviles asegura que defenderá “su inocencia, la profesionalidad y la ética de sus 100.000 empleados” ante los tribunales.
En un comunicado de prensa, el grupo afirma que “los vehículos Renault han sido todos y siempre homologados de conformidad con las leyes y normativas francesas y europeas aplicables”. Recuerda también que la orden emitida el viernes y notificada el lunes “reconoce que los vehículos Renault no están equipados con dispositivos fraudulentos para detectar el ciclo de homologación”.
Vehículos “especialmente calibrados”
Renault añade que este análisis fue “recientemente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Londres, que rechazó todas las acusaciones formuladas contra Renault por iniciativa de fondos de alto riesgo extranjeros que también participan en este procedimiento francés con la cínica esperanza de obtener beneficios económicos”.
Según las solicitudes de la fiscalía, se sospecha que el fabricante disponía de vehículos “especialmente calibrados” que cumplían las normas Euro 5 y Euro 6, comercializados entre 2009 y 2017. El objetivo presunto era respetar los parámetros reglamentarios durante las pruebas de homologación, pero no en condiciones normales de uso.
Un supuesto engaño agravado
La fiscalía considera que este supuesto engaño tiene un agravante, ya que esta calibración puede haber contribuido a la contaminación por óxidos de nitrógeno, “favoreciendo especialmente la aparición de enfermedades respiratorias en humanos”. Renault, sin embargo, niega estas acusaciones y sostiene que sus vehículos respetaban la normativa vigente.
Nuestro expediente sobre el diésel
En Francia, Renault se convierte en el segundo fabricante, después de Volkswagen, en ser llevado ante los tribunales penales por este caso. La fiscalía de París también solicitó un juicio contra Peugeot-Citroën y Fiat Chrysler, pero la decisión final sobre su posible despido corresponde al juez de instrucción.

