La Unión deberá iniciar las obras en el Edificio Docas André Rebouças, en la zona portuaria de Río de Janeiro, para instalar el Centro de Interpretación Cais do Valongo, dedicado a la preservación de la memoria africana. El Tribunal Federal determinó el inicio del cronograma, con carácter de urgencia.
Los responsables del edificio tienen 30 días para firmar un contrato y emitir el correspondiente compromiso presupuestario, bajo pena de multa de R$ 10.000 diarios.
La sentencia fue propuesta por el Ministerio Público Federal (MPF), que emprendió acciones legales tras identificar el riesgo inminente de incumplimiento de obligaciones derivado de una acción civil pública interpuesta en 2018.
El obstáculo a las intervenciones en el inmueble histórico surge de una contingencia de recursos financieros del Fondo Nacional para la Defensa de los Derechos Difusos impuesta por la Secretaría Nacional del Consumidor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Según el MPF, el bloqueo de fondos viola directamente la decisión judicial que condenó a la Unión y a la Fundação Cultural Palmares a renovar el edificio histórico e instalar el Centro de Interpretación Cais do Valongo.
La interrupción de la transferencia financiera amenaza la validez del proceso de contratación pública, toda vez que la licitación ya estaba totalmente concluida y aprobada por el valor de R$ 77,4 millones, quedando pendiente sólo la firma del contrato y la emisión de la respectiva orden de servicio.
La urgencia de iniciar las obras se ve reforzada por un informe de la Defensa Civil del municipio de Río de Janeiro, que advierte de graves problemas estructurales en el edificio, como fisuras, grietas y hundimientos de alrededor de 30 centímetros en la planta baja.
El sitio fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio de la Humanidad por ser un sitio fundamental de memoria de la diáspora africana y la trata transatlántica de esclavos.
Para el fiscal Sérgio Suiama, que sigue el caso desde el inicio, la instalación del centro es una obligación asumida por Brasil con la Unesco en 2017, cuyo plazo expiró en 2019.
“Es inaceptable que, siete años después de la declaración de Patrimonio Mundial, no se haya colocado ni un solo tornillo en el edificio, a pesar de todas las promesas hechas por los presidentes del Iphan y de la Fundación Cultural Palmares en los últimos cuatro años”.
