La jueza María Sandra Kayat Direito, de la 1ª Sala Penal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), desestimó el recurso de la defensa del oficial de la Marina, Cristiano da Silva Lacerda.
El juez confirmó la condena por los homicidios calificados de Geraldo Pereira Coelho y Osélia da Silva Coelho, padres de su exnovio, Felipe da Silva Coelho.
En la decisión se mantuvo la pérdida del cargo público de capitán de Marina y la indemnización mínima de R$ 200.000 por daño moral a los familiares de las víctimas.
Los abogados defensores quisieron anular el juicio alegando ineptitud en la querella, presunta violación de la cadena de custodia, restricción de la defensa por la supuesta amnesia del acusado, nulidad del informe de locura mental y falta de intencionalidad por la ingesta de alcohol y medicamentos. Todos los argumentos fueron rechazados.
El juez destacó “que la denuncia cumplía con los requisitos legales y que el examen de locura mental concluyó que el imputado era plenamente capaz de comprender el carácter ilícito de sus actos, además de descartarse la tesis de que la embriaguez o el uso de medicamentos excluían responsabilidad penal”.
Al analizar la dosimetría, María Sandra Kayat valoró la necesidad de reducir parcialmente la pena aplicada en la sentencia, eliminando una de las circunstancias judiciales negativas utilizadas para aumentar la pena base, pero no aceptó la nulidad del juicio. Como resultado, la pena fue recalculada de 80 a 72 años de prisión.
“En este contexto, la ausencia de confesión o de arrepentimiento no constituye información idónea para justificar la denegación de una circunstancia judicial prevista en el artículo 59 del Código Penal, bajo pena de castigo indebido por el ejercicio de un derecho fundamental”.
El crimen ocurrió en junio de 2022, en el Jardim Botânico, al sur de Río, y fue motivado por la inconformidad del imputado con el fin de su relación sentimental con Felipe. Por ello, Cristiano mató a puñaladas a los dos ancianos para causar sufrimiento a su expareja.
El Consejo de Sentencia reconoció las calificaciones de mal motivo, medio cruel y recurso que imposibilitaron la defensa de las víctimas, además del motivo del aumento de la pena por el hecho de que los delitos fueron cometidos contra personas de edad avanzada.
