El Plan de Rescate Americano asegura la continuidad de servicios gubernamentales durante la pandemia: el 99% de los fondos de recuperación fiscal se destinaron a tiempo

El impacto de la pandemia de COVID-19 en las economías estatales y locales de Estados Unidos ha sido profundo y duradero. Para mitigar las severas repercusiones económicas, el gobierno federal aprobó el American Rescue Plan Act (ARPA) en 2021, que incluía la asignación de 350 mil millones de dólares en fondos de recuperación fiscal para que los gobiernos estatales y locales los utilizaran en proyectos específicos. La fecha límite para que estos gobiernos obligaran dichos fondos a finales de 2024 demostró ser un hito crucial en la recuperación económica.

Un análisis de datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que cerca del 99% de los fondos fueron obligados, lo que representa un logro significativo y una clara mejora con respecto a la lenta recuperación económica tras la Gran Recesión de 2008-2009, donde la falta de asistencia federal había retrasado el retorno a niveles anteriores de empleo en el sector público. Esta vez, la respuesta inusualmente robusta del gobierno federal ha permitido que los gobiernos estatales y locales puedan atender las necesidades inmediatas de sus comunidades.

Los fondos de recuperación fueron diseñados con flexibilidad, permitiendo a las autoridades locales invertir en salud pública, infraestructura y la retención de empleados públicos, entre otras áreas. Por ejemplo, se destinaron recursos a la mejora de servicios de agua y saneamiento, así como al acceso a internet de alta velocidad. Esta capacidad de adaptar los gastos a las necesidades locales ha sido fundamental para la creación de proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

A medida que se acercaba la fecha límite de 2024, se observó un aumento en la actividad de los gobiernos locales para cumplir con los requisitos de obligación de los fondos. De los más de 159,000 proyectos de gasto creados, una porción significativa se inició o modificó en los últimos meses del año. Este enfoque proactivo subraya la importancia de una gestión eficiente de los recursos durante períodos críticos.

La mayoría de los estados y localidades lograron obligar la totalidad de sus fondos. Sin embargo, algunos casos resaltan la desigualdad en la distribución y utilización de estos recursos. Casi 2,500 gobiernos locales no reportaron haber obligado ningún fondo, mientras que más de 4,000 solo obligaron menos del 75%. Esta situación es particularmente alarmante en el sur de EE. UU., donde muchos de estos gobiernos han experimentado históricamente una falta de inversión en servicios públicos.

A pesar de estos desafíos, se espera que la situación mejore con el tiempo. Muchos de los gobiernos que no obligaron sus fondos recibieron montos relativamente bajos y enfrentaron dificultades para cumplir con los requisitos de reporte. El Departamento del Tesoro ha mostrado disposición para extender plazos y facilitar el cumplimiento, lo que podría permitir que más gobiernos locales aprovechen los recursos disponibles.

Los fondos de recuperación fiscal del ARPA no solo han ayudado a reactivar la economía, sino que también han proporcionado servicios esenciales a millones de ciudadanos en un momento crítico. Esta experiencia resalta la necesidad de que los formuladores de políticas mantengan en mente la importancia de una respuesta federal robusta ante futuras crisis económicas, aprendiendo de los errores del pasado.

En conclusión, la gestión de los fondos del ARPA representa una lección valiosa sobre la capacidad de respuesta gubernamental en tiempos de crisis. Con un enfoque adecuado y recursos suficientes, es posible no solo restaurar la economía, sino también construir un futuro más resiliente para las comunidades afectadas.

Alejandro