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El magistrado Luis Arias denunció irregularidades en la listas oficiales de fallecidos. El ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, había dicho que eran 51.
Imagenes de la inundacion de abril de 2013 en La Plata. (Archivo Merle, Forneri, Nievas, Garello, AP y AFP)
La Plata, Buenos Aires.- A una semana del primer aniversario de la mayor inundación en la historia de la capital bonaerense, el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, se pronunció sobre irregularidades en las listas oficiales de fallecidos e informó que fueron 89 las víctimas fatales.
El fallo de Arias tiene 191 fojas referidas a las responsabilidades de funcionarios durante los días 2 y 3 de abril 2013. De acuerdo con el dictamen, el gobierno provincial está obligado a difundir los datos referidos a las 89 muertes –causadas por el torrente que arrasó parte de la ciudad- “a través de los mismos medios de comunicación por los que dio a conocer la información inexacta”.
El magistrado, se refiere a la comunicación inicial del entonces ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, mencionando 51 decesos. Unas semanas después, la fiscalía interviniente elevó la cifra a 67. Y en todo este tiempo, las especulaciones tornaron incierta la magnitud de esta catástrofe, de la que aún se reponen sus habitantes.
El fallo tiene dos andamientos: exhorta a la Legislatura y al Ejecutivo para que “en el marco de sus respectivas competencias, regulen, adapten y/o modifiquen los procedimientos y prácticas que permitieron la consagración de las irregularidades verificadas”. Y también intima al gobierno de Daniel Scioli para que “proceda a deslindar las responsabilidades administrativas de los agentes públicos intervinientes en las referidas prácticas ilícitas”.
La prevención del juzgado es por presuntas adulteraciones de certificados de fallecimientos y dispositivos, en los que incluye a la morgue local, para fraguar los datos de fallecidos durante el temporal.
En el dictamen, Arias avisa del traslado de las actuaciones a la Unidad Fiscal de Investigaciones en turno, para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública, en virtud de que se trató de divulgación de “información inexacta”.
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