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Camioneros sin prórroga ni exención

El Concejo Municipal no accedió al pedido de suspender una ordenanza que les prohíbe circular y estacionar en la ciudad. Deberán pagar multas.

Ayer los transportistas en el Concejo Municipal

Ayer los transportistas en el Concejo Municipal

31/12/2014

Arroyo Seco.- El Concejo Deliberante de Arroyo Seco dispuso en una sesión extraordinaria celebrada ayer no dar lugar a la prórroga de un año planteada por los transportistas locales, en cuanto a la aplicación de una ordenanza que les prohíbe circular y estacionar dentro del ejido urbano. La norma, sancionada en julio de 2013, recién comenzó a implementarse este mes, por lo que desde los primeros días de diciembre ya comenzaron a aplicarse multas que rondan entre los 1.500 y 2.000 pesos.

En ese sentido, y en medio de una manifestación frente a la Municipalidad días atrás, hubo un pedido expreso de los camioneros locales para que se condonaran estas infracciones labradas, pero el cuerpo deliberativo se excusó de intervenir, argumentando que no tiene las facultades para resolver al respecto, sino que le corresponde al Ejecutivo decidir y ejecutar tal medida.

En tanto, los ediles sancionaron ayer por la mañana la creación de una comisión que estará integrada por la Intendencia, miembros del Concejo, del sindicato que nuclea al sector y camioneros involucrados, para resolver una serie de cuestiones y propuestas, como la de regular los precios de los estacionamientos privados para vehículos de gran porte, y la creación de una playa pública, tal como piden los transportistas.

Las iniciativas deberán resolverse antes de abril de 2015, cuando vence el plazo de gracia para el tránsito exclusivo de chasis dentro de la ciudad.

La polémica norma que busca retirar el transporte pesado de las calles por razones de seguridad y para preservar el pavimento, entre otros motivos, genera la resistencia de transportistas locales que, habituados a estacionar frente a sus domicilios —a pesar de numerosas quejas de los vecinos linderos—, se niegan a pagar un lugar privado para dejar sus vehículos porque consideran que los costos son excesivos. De allí que exigen la creación de un estacionamiento específico, íntegramente a cargo del municipio. En la sesión de ayer, los ediles plantearon que "los fondos para este espacio para el transporte pesado, podrían provenir de impuestos a la 6ª patente", indicó a este diario el edil arroyense Nizar Esper.

Antes que pase el tren

Ayer también se aprobó por unanimidad el canje de obras públicas municipales por casi 7 hectáreas de un loteo, por un valor de 12 millones de pesos. En estas parcelas se prevé crear un barrio para las 300 familias que hoy ocupan ilegalmente los terrenos del ferrocarril, por donde pasará el ramal Retiro-Rosario.

Sus precarias casas distan de las vías a no más de dos metros. Según declaró a este diario el intendente Darío Gres, "el gobierno provincial se comprometió a dotar al lugar de servicios, y la Nación en principio dio su palabra, pero hoy no hay confirmación al respecto. Ello nos preocupa, más aún teniendo en cuenta que se está construyendo un tercer carril paralelo a las vías, que esperamos sea provisorio".

En respuesta a estas declaraciones, Esper advirtió: "No hay que crear falsas expectativas: yo estuve en la Secretaría de Transporte y en ningún momento nos dijeron que iban a construir 300 viviendas. No quiero que se le mienta a la gente, que cree que mañana se las van a salir haciendo. La Intendencia se dejó estar: hace dos años que sabía que pasaba el ferrocarril por acá y ahora plantea la situación como si la responsabilidad fuera netamente de la Nación".

De todas maneras, "hemos ido con (el secretario de Transporte, Alejandro) Ramos hace veinte días para que nos pueda dar una mano, y él nos manifestó su buena voluntad, demostró que está abierto a la situación. Vamos a seguir gestionando ante el Ejecutivo, legislativo, nacional y provincial, y ojalá nos den todas las viviendas juntas o al menos por tandas", remató el edil justicialista, candidato a intendente en las elecciones de 2015.

Fuente: La Capital

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